Hasta el presidente Trump logró que Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI firmaran un compromiso diciendo que las empresas de centros de datos deben pagar lo suyo. Construyan o compren su propia energía. Cubran su propia infraestructura. Dejen de pasarles los costos a las familias.
Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué North Carolina sigue cerrando tratos donde un par de personas ganan y todos los demás pagan?
un buen trato tiene más de un ganadorLos comisionados votaron 3-2 para rezonificar casi 1,850 acres de tierra residencial-agrícola a lo largo del río Dan para un centro de datos. Su propia junta de planificación recomendó rechazarlo. El desarrollador no había nombrado un inquilino, no había presentado un plan detallado del sitio, no había explicado de dónde vendrían los empleos e ingresos fiscales prometidos.
El sitio incluye tierras vinculadas al pueblo Saura y a la Hacienda Hairston, donde los descendientes de personas esclavizadas aún mantienen cementerios cercanos. Los comisionados no evaluaron de manera significativa el impacto en estas áreas sagradas y culturalmente significativas.
Cientos de residentes se presentaron para oponerse. Los comisionados lo aprobaron de todos modos. Grupos comunitarios, residentes y organizaciones lideradas por indígenas ahora están demandando al condado.
NC le ofreció a Dell un paquete por casi $280 millones en incentivos estatales y locales para construir una planta en el Condado de Forsyth. Prometieron 1,500 empleos. La planta duró menos de cinco años. 905 personas perdieron su trabajo.
Aquí se pone interesante. Winston-Salem y el Condado de Forsyth habían escrito cláusulas reales de clawback en su trato: si te vas antes de cinco años, devuelves todo, en 30 días. Dell devolvió $26.1 millones a los gobiernos locales. ¿El estado? Recuperó $1.5 millones de los $8.5 millones que había desembolsado a través de subvenciones JDIG.
Presentar legislación que cree una clasificación de zonificación estatal para centros de datos con estándares mínimos de participación comunitaria, revisión ambiental y permisos condicionales. Se acabó que los condados inventen esto sobre la marcha... metiendo centros de datos a la fuerza en la categoría de manufactura pesada porque no encajan en ningún otro lado, y abriendo por accidente una docena de sitios más al desarrollo por derecho sin proceso público.
Maryland superó el veto del gobernador para pasar un estudio obligatorio de impacto de centros de datos y está avanzando proyectos que requieren procesos públicos de aprobación transparentes y reportes de divulgación del operador. Nueva York introdujo una moratoria estatal sobre permisos para centros de datos de más de 20 MW hasta que se complete una Declaración de Impacto Ambiental Genérica. Se presentaron más de 300 proyectos de ley sobre centros de datos en más de 30 estados en solo las primeras seis semanas de 2026. Cuatro condados de NC ya han promulgado sus propias moratorias temporales porque el estado no actúa.
Requisitos mínimos estatales para compartir beneficios, cláusulas de clawback y reportes públicos que se apliquen a cada trato. Las mismas reglas en todas partes. Se acabó la carrera al fondo entre condados tratando de superar la oferta con tu dinero.
Requerir que un porcentaje de los ahorros fiscales fluya a un Fondo de Mejora Comunitaria controlado localmente. No una donación corporativa. No un gesto de relaciones públicas. Un fondo que la comunidad controla y decide cómo gastar. Internet de banda ancha. Escuelas. Infraestructura. Lo que la comunidad realmente necesite.
Cedar Rapids, Iowa negoció exactamente esto. Google paga $400,000/año durante 15 años a un Fondo de Mejora Comunitaria administrado por la ciudad. QTS aporta hasta $18 millones durante 18 años. El concejo municipal decide cómo se gasta el dinero. Indiana pasó HB 1333 (2026) requiriendo que los centros de datos compartan el 1% de sus ahorros por exención del impuesto sobre las ventas con los gobiernos locales. Cleveland ha requerido Acuerdos de Beneficio Comunitario desde 2013, incluyendo metas de contratación local, mentorías y programas de aprendizaje.
Crear una clase tarifaria de electricidad dedicada para instalaciones grandes de centros de datos para que paguen lo suyo en la red. Se acabó pasarles los costos de infraestructura a los clientes residenciales. Si estás consumiendo la electricidad de una ciudad pequeña, deberías estar pagando por la infraestructura para entregarla.
Y derogar las peores cláusulas de la SB 266, la "Ley de Reducción de Facturas de Energía". Dos problemas con este proyecto. Primero, está pasando al menos $24.8 millones en costos de combustible de los clientes industriales a las familias. Segundo, eliminó la meta provisional de reducción de carbono del Plan de Carbono de NC, lo cual empuja a Duke Energy hacia un 40% más de generación por gas natural hasta 2050. Los investigadores de NC State encontraron que si los precios del gas suben, esa decisión sola podría costarles a los clientes hasta $23 mil millones en gastos de combustible adicionales. Y la expansión de centros de datos es una de las cosas que está subiendo los precios del gas.
Además de todo eso, el proyecto le permite a Duke Energy cobrarles a los clientes por plantas de energía antes de que siquiera se construyan. Si el proyecto se pasa del presupuesto o nunca se termina, los clientes siguen con la deuda. South Carolina lo aprendió a las malas... quedaron pagando $9 mil millones por una planta nuclear que nunca se completó.
Oregon firmó la Ley POWER (2025), creando una clase tarifaria eléctrica dedicada para instalaciones que usan 20+ MW. Tienen que firmar contratos de 10 años, pagar por la nueva infraestructura de transmisión y cubrir los costos mínimos de energía. Pasó con apoyo bipartidista. La SCC de Virginia aprobó una nueva clase tarifaria GS-5 (nov 2025) requiriendo contratos de 14 años y un mínimo del 85% de demanda contratada de distribución y transmisión. PPL Electric de Pensilvania llegó a un acuerdo (2026) requiriendo que los centros de datos paguen todos los costos de infraestructura, contribuyan $11 millones a la asistencia para clientes de bajos ingresos y se comprometan a 10 años de operaciones con penalidades por salida temprana.
Aquí están las cuentas de las que nadie habla. Un análisis de Food & Water Watch de los datos de desarrollo económico de Virginia encontró que crear un empleo permanente en un centro de datos requiere casi 100 veces más inversión que un empleo fuera del sector. Estos proyectos crean trabajo temporal de construcción, un puñado de puestos de HVAC y seguridad, y después un equipo mínimo con gerencia traída en avión de otro lado.
Si una instalación está consumiendo la electricidad de una ciudad pequeña, los beneficios fiscales deberían estar atados a una proporción mínima de empleos permanentes locales respecto al consumo de energía. Si baja de ese nivel, los beneficios se eliminan gradualmente. Y requerir desarrollo laboral real... programas de aprendizaje, canales de pasantía, alianzas con colegios comunitarios locales. No "vamos a tratar de contratar localmente". Compromisos reales con números reales.
JLARC de Virginia encontró que las exenciones fiscales para centros de datos le costaron al estado $1 mil millones en el año fiscal 2024, subiendo de $685 millones el año anterior. $2.7 mil millones en total durante la última década. El Senado de Virginia ahora está proponiendo eliminar la exención gradualmente. Georgia intentó suspender las nuevas exenciones fiscales para centros de datos en 2024. El gobernador lo vetó. En 2026, un paquete bipartidista derogaría los incentivos por completo. North Carolina ni siquiera ha empezado esta conversación.
Tu comunidad merece más que promesas.